El Acuerdo
Transpacífico,
la reconstitución capitalista
26 de junio de 2013
26 de junio de 2013
Por Fundación Solón (CEPRID)
Representantes de 11 países miembros del Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunieron en Lima en la 17 Ronda de negociación
del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), un tratado comercial
de “amplia envergadura” que garantiza a las transnacionales mayores beneficios
que el mismísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que
es más irrespetuoso de los derechos humanos y la justicia económica que las
propias normas de la OMC.
En virtud de la creciente importancia de la región Asia Pacífico ,
hoy motor clave del crecimiento económico mundial al concentrar casi la mitad
de los flujos de comercio internacional, se han adherido al bloque seis nuevos
miembros: Perú, México, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Malasia.
También se han integrado como observadores Panamá, Costa Rica, Colombia,
Guatemala, Uruguay y España, y recientemente Paraguay solicitó membresía como
“observador”.
El TPP pertenece a la nueva generación de
tratados comerciales y corporativos de “amplia envergadura” que trascienden el
comercio formal (asuntos relativos al sector servicios, medidas fitosanitarias,
barreras técnicas comerciales), al instituir un régimen de protección de derechos
del capital privado anónimo y de las corporaciones transnacionales (propiedad
intelectual e inversiones) que menoscaba los derechos humanos y el
medioambiente, y compromete incluso la soberanía de los Estados.
Los representantes del Departamento de Comercio
de Estados Unidos valoraron que el acuerdo TPP “representa un logro histórico”,
ya que contiene todos los elementos deseables de los acuerdos comerciales
modernos y elimina todas las barreras arancelarias y no arancelarias; además
aborda las preocupaciones de las nuevas industrias y tecnologías de energía
limpia y la economía digital, y “es lo suficientemente flexible para ser
ajustado en el futuro”.
Al igual que el TLCAN,
el ALCA en su momento y los vigentes TLCs o TBIs , el TPP está diseñado expresamente
para anular al Estado, específicamente para atrofiar sus funciones regulatorias
en áreas ultra sensibles como las finanzas, la industria, el medio ambiente y
las compras estatales. Sin exagerar, lo que está en juego son los asuntos más
básicos de la gobernabilidad democrática para cualquier Estado que se precie de
“soberano” e “independiente”, advierten investigadores y activistas de todo el
mundo. (1)
El activista de Amigos de la Tierra, Bill
Warren, recuerda que el ex director de la OMC Renato Ruggiero
dijo hace varios años que los autores del nuevo sistema de comercio mundial
estaban escribiendo una constitución para la economía mundial. “Ahora que las
negociaciones de la OMC se han congelado, vemos a Estados Unidos intenta
redactar una constitución para la economía mundial que es incluso más favorable
para las corporaciones, y menos respetuosa de las instituciones democráticas,
la justicia económica y los derechos humanos que la OMC”.
El capítulo de protección de inversiones del
TPP permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales
internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) y la Comisión de Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), sin acudir antes a la justicia
nacional, instituyendo de esta manera una especie de súper derechos reservados
para el capital privado.
Un reciente informe de la UNTACD (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) revela que sólo en 2012 se
iniciaron 62 nuevas demandas de arbitraje de inversionistas contra Estados.
Hasta ahora, los capitalistas han ganado 3.000 millones de dólares, y las
demandas pendientes de resolución suman más de 15 millones.
Warren remarca que el
TPP privilegia los intereses del capital internacional, sobreponiéndose a otros
valores, incluyendo los valores ambientales: “Tenemos un montón de historias
terribles que contar, historias que surgieron antes que los acuerdos de
inversión de los Estados Unidos, como el caso Chevron vs Ecuador, el Chernobyl
de la Amazonía ecuatoriana, donde Chevron-Texaco se está rehusando a limpiar un
derrame de petróleo que contaminó un área del tamaño del estado de Rhode
Island”.
“Esto no sólo ha
destruido el ecosistema, sino que ha envenenado a la población local causando
muertes, abortos y enfermedades rampantes. Sin embargo, el gigante del petróleo
se esconde detrás del tratado de inversión bilateral Estados Unidos-Ecuador
para resistir la justicia ecuatoriana y la llamada de la decencia común para
reparar su mal proceder”, deplora Warren.
“¿Realmente es el único camino para captar las
inversiones que el país necesita? Nosotros pensamos que no. Hay evidencia
internacional que consta que no es así. No son los países que han firmado el
mayor número de tratados de libre comercio, o bilaterales los mayores
receptores de inversión directa que provenga del extranjero”, sentencia José de
Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente
de Perú e investigador de la ONG CooperAcción.
Informa Echave que Perú tiene actualmente 32
tratados bilaterales de inversión y 9 TLC que contienen también capítulos de
inversión y “el número de demandas en contra del Estado peruano utilizando TBIs
y capítulos de inversiones de los TLC se ha disparado en los últimos años. Ya
el Perú está siendo demandado por un valor de US$6 mil millones”.
Uno de los casos más simbólicos, por ser el
primero que utiliza el capítulo del TLC con EEUU, es el de Doe Run y Renco
Group, por el cual el Estado peruano está inmerso en un proceso de arbitraje en
el que se le exige una indemnización de US$800 millones por el cierre de
operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicado en la ciudad del
mismo nombre que es considerada una de las más contaminadas del mundo. Además,
“cuando hablamos de casi US$6 mil millones no estamos contabilizando los costos
que significa para todos los peruanos, asumir y enfrentar estos procesos”,
señala De Echave.
Por otro lado, la Alianza LAC-Global
de ONGs considera alarmante la rigurosidad de las normas de protección de la
propiedad intelectual en lo referente a las patentes de los medicamentos. El
proyecto en discusión menciona la posibilidad de prorrogar indefinidamente la
vigencia de las patentes de las medicinas por nuevas aplicaciones o propiedades
del fármaco, lo que supone una prohibición tácita de producir o importar
fármacos genéricos. El punto ha sido propuesto por Estados Unidos en el
Capítulo de Propiedad Intelectual y beneficia exclusivamente a la
gran industria farmacéutica en perjuicio de los ciudadanos, denuncia la Alianza LAC-Global.
La coordinadora
ejecutiva de la Red
Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra
Alayza Moncloa, enfatiza que el TPP no es solamente un nuevo TLC con EEUU sino
que constituye “varios TLC adicionales de un solo golpe” que están siendo
negociados de forma absolutamente antidemocrática.
La alianza mundial de
ONGs censura particularmente “el modelo de negociación del TPP, abiertamente
antidemocrático, y la pretensión de promover una reforma de las reglas del
comercio global a nivel internacional, una posición en contra del
multilateralismo y una gravísima erosión a las reglas democráticas”.
Nota:
1. Entrevista al analista de política
comercial de Amigos de la
Tierra Bill Warren por Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana, Red
por la Justicia en la
Inversión Global (RJSIG). Raul Burbano, director de Common
Frontiers (Canadá); Kristen Beifus, directora de Washington Fair Trade
Coalition, y Manuel Pérez-Rocha, miembro de la Red Mexicana de
Acción frente al Libre Comercio (RMALC) e investigador del Institute for Policy
Studies (IPS). (Fuente: http://nottp.webs.com/apps/blog/)
Más información:
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=170220
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